La Cámara de Diputados y la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron suspender la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de evitar el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El paro, programado para iniciar mañana, tendría lugar en la Ciudad de México entre el 19 y el 21 de marzo, comenzando con una marcha de la Cámara de Diputados hacia Palacio Nacional.

La reforma, presentada por la presidenta el 7 de febrero, proponía modificaciones al Fondo Nacional de Vivienda de los trabajadores del Estado (FOVISSTE) para fomentar la construcción de viviendas para arrendamiento social. También planteaba un aumento en las cuotas obrero-patronales para los servicios de salud, lo que generaría una recaudación adicional de aproximadamente 11,100 millones de pesos, con una parte de esa carga sobre los empleados públicos.

La suspensión de la discusión sobre esta reforma se produjo durante una reunión que la presidenta Sheinbaum sostuvo con representantes del magisterio en Palacio Nacional, justo antes del inicio del paro anunciado. Los docentes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la cancelación de la reforma propuesta para 2025.

Según fuentes cercanas, Sheinbaum se comunicó con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para pedir el retiro de la iniciativa. Monreal confirmó la decisión en sus redes sociales, asegurando que la propuesta fue retirada para facilitar el diálogo con el magisterio. Sin embargo, el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la facultad para retirar una iniciativa corresponde exclusivamente a los legisladores, no al Ejecutivo.

El director del ISSSTE, Martí Batres, explicó que aunque la discusión sobre la reforma presidencial quedará suspendida, algunos beneficios propuestos se implementarán a través de decretos presidenciales, en lugar de reformas legislativas. Entre los beneficios se encuentran la condonación de deudas impagas y la reactivación de la capacidad para la construcción de viviendas sociales, medidas que, según Batres, se concretarán por medio de decretos administrativos que se publicarán en breve.