El Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, dentro del Paquete Económico. La votación resultó en 83 a favor y 36 en contra, con el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados.

La propuesta establece ingresos estimados de 9 billones 302 mil 015.8 millones de pesos, sin crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes. El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.

El documento prevé un crecimiento económico entre 2.0% y 3.0%, un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar y un precio promedio de 57.8 dólares por barril de petróleo crudo de exportación. De los ingresos proyectados, 5.2 billones de pesos corresponderán a impuestos, mientras que 1.2 billones provendrán de financiamientos, lo cual implica un posible incremento de la deuda pública.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Cuauhtémoc Ochoa, justificó la ley argumentando que refleja el compromiso del gobierno con la justicia social, la estabilidad financiera y el crecimiento económico, además de priorizar a las comunidades más vulnerables.

La oposición expresó su preocupación por las proyecciones, que consideran optimistas. La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, indicó que las cifras de crecimiento y recaudación no son realistas, dadas las condiciones económicas globales.

Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, mencionó que la Ley incluye la posibilidad de obtener financiamiento adicional para cumplir con los objetivos establecidos. Entre los recursos previstos, se autoriza a Pemex a contraer una deuda interna de hasta 143 mil 403.7 millones de pesos y una externa de 5 mil 512.7 millones de dólares. Asimismo, la CFE podrá obtener deuda interna por hasta 10 mil 27 millones de pesos y externa por 991 millones de dólares.

A pesar de las críticas, los legisladores de Morena defendieron los beneficios sociales de la propuesta. Ochoa subrayó que las medidas buscan asegurar un crecimiento equilibrado, mientras que Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, resaltó que la ley mantiene un enfoque de austeridad, sin ceder ante presiones políticas.

El dictamen también prevé una recaudación federal participable de 4.8 billones de pesos, destinados a financiar los programas sociales prioritarios. Sin embargo, persisten las dudas sobre las consecuencias económicas de un mayor endeudamiento, tema recurrente en las críticas de los partidos opositores.