Nepotismo, corrupción, abuso de funciones y desvíos de cientos de millones de pesos siguen impunes por omisiones de nuevos titulares

Una red de corrupción y nepotismo implementada en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sigue operando al interior de la Secretaría de Salud bajo la administración de Margarita González Saravia. Esta mafia, ha realizado adquisiciones millonarias sin licitación e incluso, ha ejercido cientos de millones de pesos en la construcción del Hospital General de Jiutepec, pese a que esta edificación debería haberse realizado por la Secretaría de Obras Públicas. 

A través de una serie de documentos que le fueron entregados a esta redacción por fuentes confiables, se hace constar que el organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, bajo la dirección general del Dr. Héctor Barón Olivares, adjudicó de forma directa a la empresa MCY Suministros, S.A. de CV, la construcción del “Hospital General de Jiutepec”, otorgándole un contrato de de 109 millones 590 mil 842 pesos celebrado el 17 de noviembre de 2023. Una semana después, a esta persona moral se le otorgó un anticipo de 32 millones,877mil ,252 pesos. De los 76 millones 713 mil 590 pesos restantes, no se tiene registro de como fueron utilizados, por lo que ahora la administración entrante, tendrá que terminar la obra con recursos del presupuesto 2025.

Cabe señalar que el presupuesto destinado fue de 110, millones de pesos bajó el Convenio de Coordinación en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura en la modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL”.

Para poder realizar esta operación que debió ser avalada por el Dr. Héctor Barón Olivares, Director General; Mtro. Daniel Juárez Céspedes, Director de Administración; Mtro. Oscar Daniel Ortiz Orozco, Director de Atención Médica; Mtro. Benjamín López Ángeles, Director de Planeación; Arq. José Simón Quintana Mizrahi , Subdirector de Desarrollo Institucional; Arq. Roberto Pacheco González, Jefe de Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento se apegaron al procedimiento de Adjudicación

Directa bajo los supuestos de excepción de las fracciones III y V, del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las que establecen:

“III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos

adicionales importantes, debidamente justificados;

(…)

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar

los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el

tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en

este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para

afrontarla;”

Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que este tipo de contratos deben ser celebrados por la Secretaría de Obras Públicas; además la ejecución del contrato, incumple con el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

La empresa MCY Suministros, S.A. de CV, es propiedad del director de planeación, Benjamín López Ángeles y también cuenta con contratos para la remodelación de los hospitales de Cuautla y de Jojutla, por lo que incurren en un evidente conflicto de intereses.

Esta situación era de conocimiento del ex secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, quien para deslindarse de los retrasos en las obras, como la rehabilitación y remodelación del Hospital General de Cuautla Dr. Mauro Belaunzarán Tapia, emitió un oficio a Barón Olivares para que “se identifique algún incumplimiento o retraso en la misma, se deberá realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes”.

El abuso de funciones de los servidores públicos de los servicios de salud por esta acción irregular fueron advertidas por la Secretaría de la Contraloría, sin embargo, no hubo investigación alguna. 

El Dr Barón Olivares, dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue sustituido por la Dra Jaqueline Hernandez Ruiz, quien en el proceso de entrega recepción no realizó ninguna observación. 

La Dra Jaqueline Hernández Ruiz inició su carrera laboral en los servicios de salud como jefa de jurisdicción gracias a una petición del ex secretario del bienestar, actual diputado local y compadre de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, al Dr. Hector Barón.

Tanto Cantú Cuevas, como Barón Olivares, dejaron a parientes y amigos en la nomina de la Secretaría de Salud, quienes siguen laborando bajo el amparo del actual secretario Mario Ocampo Ocampo. Por ejemplo, José Zamora Segoviano, subdirector de informática es excuñado de Hector Barón, su nombramiento fue aprobado por junta de gobierno sin cubrir perfil y el hermano de la directora general Christian Hernández Ruiz, cuentan con plazas de confianza también otorgadas por el ex director, sin embargo, no se sabe exactamente que cargo desempeñan.

Amiguísimo de Hector Barón

Pese a las denuncias y malos manejos de recursos, los amigos y cercanos del ex director Barón Olivares continuan en sus plazas y en algunos casos, mejoraron de puesto; en la dirección de planeación, Mariano Munguia es subdirector, Veronica Carrillo Morales, jefa de planeación. Cabe destacar que Benjamín López exdirector de planeación, quien fue incorporado al IMSS Bienestar como jefe de planeación, es uno de los señalados por orquestar el presunto fraude en la construcción del Hospital General de Jiutepec.

Lluvia Franco Vázquez subdirectora de recursos humanos, Miriam Plata Domínguez, jefa de departamento, son señaladas por trabajadores del sector salud por corrupción y favoritismo. En el caso de Franco Vázquez, se refiere que ha ocupado su cargo para venta de plazas; Plata Domínguez cuenta con una plaza administrativa y se lo otorgó otra como supervisora en Trabajo Social. 

Hector Barón colocó dentro de la base laboral a sus sobrinas Anahí Lizbeth Sáenz Olivares en el área jurídica y Adriana Otero Barón, como personal del confianza administrativa alta en el almacén. 

Y también gozan de plazas privilegiadas sin cubrir el perfil necesario, pero recomendados por Barón Olivares: José Antonio Zamora Segoviano, hermano de su excuñado, es personal administrativo de confianza, Maria Fernanda García Olivares, adscrita a la jurisdicción sanitaria número 3, Milton Romel Martínez Genis, titular de laboratorio, Erika Arroyo Mendoza, quien sin años de servicio, se le otorgó base administrativa; Juan Rojas Viveros, en jurisdicción uno Coprisem y Rebeca Miriam Quintero Miramontes, exesposa de Barón Olivares, cuenta con base federal.

Otro de los implicados en el caso del Hospital General de Jiutepec, el director de administración, Daniel Juárez Céspedes, conserva su puesto y junto con el sus operadores, Gabriela Ávila Salgado en servicios generales, además de Josue Tejeda Salazar sub de Recursos Materiales, Fabián Castillo García, jefe de Recursos Materiales. Además de Oscar Manzano Adán e Irving Octavio Román, a quienes, según fuentes confiables, se les asignó la tarea de negociar las observaciones graves con el ex comisario de los Servicios de Salud, el Lic Sergio Chávez.

El nombramiento de Jaqueline Hernández Ruiz como directora general y la continuidad de la estructura de Barón Olivares, fue avalada por el secretario de Salud Mario Ocampo Ocampo y por la gobernadora Margarita Gónzález Saravia.

Adquisiciones millonarias vía adjudicación directa 

De acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones y servicios 2023 (PAAS), el subdirector de recursos materiales, Josue Tejeda Salazar, el director de administración, Daniel Juárez Cespedes y el director General, Hector Barón Olivares, autorizaron compras y dispersiones millonarias con recursos del presupuesto estatal, en algunos casos las adquisiciones superaron lo montos planeados a inicio del años fiscal. 

Por ejemplo, en compras de materiales, útiles, equipos menores de oficina, el presupuesto asignado fue de 5 millones, 624 mil pesos, sin embargo, la cantidad devengada fue de 8 millones, 207 mil, 939 pesos.

Materiales, útiles, equipo menores de tecnologías de información y comunicaciones, el presupuesto asignado fue de 2 millones, 834 mil 763 pesos, sin embargo, la cantidad devengada fue de 4 millones, 560 mil, 948 pesos.

En material de limpieza, se pagaron 5 millones, 594 mil, 599, pero lo programado eran 7 millones, 382 mil, 356 pesos. Otro rubro que llama la atención es la compra de materiales metálicos para la construcción, para los cuales se presupuestó 8 mil pesos, pero se compraron 332 mil, 626 pesos.

Otras de las irregularidades se encuentran en la compra de “prendas de seguridad para personal pública y nacional”, el monto asignado fue de 4 millones, 781 mil, 053 pesos, pero solo se pagó un millón, 978 mil, 565 pesos. Y en Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, donde se deberían ejercer 2 millones 164 mil pesos y se adquirieron, 3 millones, 582 mil, 506 pesos. Sin embargo, en refacciones para maquinaria y otros equipos no se pago un solo peso. 


¿Contubernio de la actual administración?

Trabajadores de los servicios de salud entrevistados por este medio de comunicación y que han pedido ocultar su identidad por temor a represalias, refieren que el secretario del ramo, Mario Ocampo Ocampo, tiene conocimiento de las irregularidades, sin embargo, ha hecho oídos sordos y parece indolente ante las acusaciones, por lo que se preguntan si habrá algún cambio de personal o alguna investigación. 

“En diversas reuniones nos ha comandado que el manda en la Secretaría de Salud y en los Servicios de Salud,  que la gobernadora Margarita González Saravia se lo dejo a él y el decide no ella”, afirmaron en la entrevista.

¿Y las denuncias?

Durante dos de sus conferencias de los lunes por las mañanas, se le ha preguntado a la gobernadora sobre las múltiples irregularidades señaladas por los nuevos titulares en las distintas áreas, sin embargo, González Saravia ordenó públicamente a los integrantes de su gabinete a no dar declaraciones sobre el tema hasta tener todas las pruebas.

Cabe señalar que el combate a la corrupción es una de las promesas de campaña de la actual administración, y que el 15 de noviembre venció el plazo para presentar las observaciones derivadas de los procesos de entrega recepción, sin embargo, al cierre de esta edición el día 17 de noviembre, el gobierno del estado no ha comunicado ninguna acción legal ante la fiscalía anticorrupción.