Con 335 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Entre los delitos incorporados figuran la extorsión, el contrabando y aquellos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas. La reforma fue enviada al Senado para su discusión y aprobación.

La modificación establece que, en los casos de los delitos mencionados, los jueces deberán ordenar la prisión preventiva sin necesidad de evaluar el riesgo procesal del imputado. Además, prohíbe a otros órganos del Estado interpretar de manera extensiva o análoga las disposiciones, con el fin de evitar su no aplicación.

Los delitos añadidos al listado de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa incluyen la extorsión, así como los delitos vinculados con la fabricación, distribución y comercialización de sustancias químicas utilizadas para producir drogas sintéticas, como el fentanilo. También se incluye el contrabando y las actividades ilícitas relacionadas con la compra y venta de comprobantes fiscales falsos o inexistentes.

Modificaciones al dictamen

Durante el debate, que duró más de ocho horas, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, presentó y logró la aprobación de varias modificaciones al dictamen original. Entre los principales cambios se destacó la exclusión de la defraudación fiscal y el narcomenudeo de la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Monreal explicó que, en el caso del narcomenudeo, su partido optó por un enfoque de “tratamiento social” para este delito, mientras que, en relación con la defraudación fiscal, se argumentó que la medida podría generar división en el sector económico, por lo que se consideró necesaria la unidad nacional.

Una tercera reserva aceptada extendió la medida de prisión preventiva oficiosa no solo a los distribuidores de precursores de drogas sintéticas, sino también a aquellos que comercialicen “químicos esenciales” utilizados para la fabricación de estas sustancias.

Posturas a favor y en contra

Las bancadas de Morena y sus aliados defendieron la reforma, argumentando que responde a un incremento de delitos como la extorsión. El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, describió la extorsión como “un cáncer social” que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios, trabajadores y gobiernos locales. Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) respaldó la medida, destacando el crecimiento de este delito y citando estadísticas que muestran un aumento significativo de la extorsión en los últimos años.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también apoyó la reforma, con la diputada Erika Santana señalando que tanto empresarios como empleados de distintos sectores se ven afectados por la extorsión, lo que ha generado un impacto negativo en el mercado. Además, destacó que la extorsión ha aumentado un 26% en los últimos años, mientras que el narcomenudeo también ha registrado un incremento del 28% en el mismo periodo.

Por otro lado, la oposición expresó sus preocupaciones respecto a la reforma, señalando que, aunque coincide en la necesidad de combatir la criminalidad, considera que la medida vulnera derechos humanos. Diputados de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) argumentaron que la prisión preventiva oficiosa contraviene el derecho a la libertad personal y va en contra de la presunción de inocencia, al permitir que personas sean detenidas sin pruebas ni una sentencia firme. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que esta medida es contraria a los derechos humanos, ya que implica una detención sin juicio previo, lo cual afecta los principios constitucionales.

La diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, recordó que más del 50% de las mujeres privadas de libertad en México están bajo prisión preventiva oficiosa, una proporción mayor a la de los hombres. También cuestionó la falta de evaluación de los efectos de esta medida, que en su opinión no ha demostrado ser efectiva.

Por su parte, César Alejandro Domínguez, del PRI, recordó que la CIDH ha señalado que la prisión preventiva solo debe aplicarse en casos excepcionales, como cuando existe riesgo de fuga, de obstaculizar la justicia o de afectar a las víctimas y testigos. En su opinión, la medida no ha mostrado resultados positivos en términos de reducción de la criminalidad.

Modificaciones en la interpretación judicial

Uno de los puntos más controversiales de la reforma fue la inclusión de un párrafo que establece que los órganos del Estado deberán atenerse estrictamente a la literalidad de las normas sobre prisión preventiva oficiosa, prohibiendo cualquier interpretación extensiva o análoga. Esta disposición fue criticada por diputados de oposición, quienes argumentaron que restringe la capacidad de los jueces para aplicar la ley con flexibilidad, lo que podría afectar la protección de derechos humanos, como el principio de perspectiva de género.

La diputada Margarita Zavala calificó esta limitación de la facultad judicial como “grave”, ya que podría eliminar la posibilidad de que los jueces consideren los aspectos específicos de cada caso. En tanto, la diputada Claudia Ruiz Massieu también señaló que esta restricción podría impedir que los jueces actúen de manera adecuada en situaciones donde se requieren excepciones, como en los casos de derechos fundamentales.