Por: Pedro Jesús Juárez Delgado

En las democracias modernas, la legitimidad de los representantes políticos a menudo se mide a través del tipo de elección que los lleva al poder: mayoría relativa o representación proporcional. Esta distinción es crucial, pues cada método implica diferentes niveles de respaldo ciudadano y plantea preguntas sobre quién representa realmente la voluntad popular.

Los representantes electos por mayoría relativa obtienen su posición mediante un respaldo directo y específico del electorado en un distrito determinado. Su legitimidad se percibe como más sólida, ya que proviene de una mayoría tangible que los elige a ellos, y no a otros. Este vínculo directo con los votantes parece dotarlos de una responsabilidad moral adicional para actuar como auténticos portavoces de su comunidad, con un mandato claro para defender los intereses de quienes los eligieron.

Por otro lado, los representantes que acceden al poder por representación proporcional se suman al sistema sin un mandato directo del electorado en un distrito específico. En su caso, el acceso se basa en el acumulado de votos de su partido en la región o país, lo que permite que grupos minoritarios tengan voz y representación en los órganos de decisión. Aunque esta estructura fortalece la pluralidad, también genera una desconexión: estos representantes no cuentan con un grupo concreto que los respalde de manera exclusiva, y su legitimidad parece más abstracta. Esto plantea el debate sobre si estos representantes, sin un vínculo directo con el electorado, pueden realmente abanderar causas en nombre de la ciudadanía.

Aquí surge una pregunta crucial: ¿debe considerarse legítimo representante solo a quien tiene un respaldo directo y mayoritario, o puede un representante por representación proporcional ganarse esta legitimidad a través de sus acciones? La respuesta no es sencilla. Mientras que el tipo de elección determina el acceso al cargo, la verdadera legitimidad podría encontrarse en la capacidad de cada representante para comprender, empatizar y actuar en favor de toda la sociedad, sin importar cómo llegó al poder.

Así, la auténtica representación democrática debería ir más allá del método de elección y enfocarse en el compromiso real con las causas y el bienestar de la ciudadanía. En última instancia, el sistema otorga el mismo poder y responsabilidad a ambos tipos de representantes, pero es el uso de ese poder el que define a un legítimo defensor de la voluntad popular.

¿Deberíamos entonces juzgar a los representantes solo por su forma de acceso al cargo, o por su disposición genuina para escuchar y actuar en beneficio del bien común? La reflexión queda abierta para todos los actores de la democracia, pues quizás el verdadero representante no es solo quien fue elegido por una mayoría, sino quien demuestra, en su actuar, ser la voz de todos.