El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia que sugiere invalidar la elección popular de jueces y magistrados federales, una de las principales disposiciones de la Reforma Judicial. No obstante, propone mantener la elección de los ministros de la SCJN, con el fin de restaurar la normalidad institucional y concluir la crisis constitucional actual.

El proyecto, distribuido este lunes, busca atender las acciones de inconstitucionalidad planteadas por los partidos de oposición y será sometido al análisis del pleno de ministros. Se anticipa que el debate ocurra el miércoles, coincidiendo con el avance de la Cámara de Diputados en reformas constitucionales que limitan la capacidad de la SCJN para revisar la constitucionalidad de cambios en la Constitución.

En el documento, el ministro explica que la reforma que contempla la salida de los once ministros en funciones no se sostiene, ya que la SCJN no puede evaluar el régimen aplicable a sus miembros. Esta decisión se enmarca en un ejercicio de autocontención, orientado a resolver la crisis institucional.

El proyecto señala que deben declararse válidos los conceptos de invalidez que argumentan que la reforma afecta la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia, elementos fundamentales para el sistema democrático. La inamovilidad de los juzgadores, que garantiza estabilidad y un proceso de ascensos adecuado, se considera vulnerada por esta reforma.

Aunque se reconoce que los juzgadores tienen derecho a participar en elecciones extraordinarias en 2025 y ordinarias en 2027, esto se interpretaría como un cese forzado de sus funciones. La propuesta implica que, aunque no se remueve directamente a los juzgadores, se les exige contender en elecciones con el riesgo de no ser reelectos por un periodo fijo de ocho años.

El análisis del ministro también menciona que la inamovilidad judicial no solo protege a los juzgadores, sino que actúa como una garantía para los ciudadanos, asegurando su acceso a un proceso judicial efectivo. Advierte que la cooptación de los órganos judiciales por otros poderes representa un peligro para la democracia y los derechos humanos, al debilitar las garantías institucionales que controlan el ejercicio del poder.

En cuanto a otros argumentos presentados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), el ministro sugiere declarar infundados los reclamos sobre falta de quórum, irregularidades en la aprobación de la reforma y presiones en el Senado. González Alcántara afirma que no se demostró presión sobre legisladores específicos y refuta la idea de que la reforma se aprobó sin la deliberación adecuada.

Finalmente, el ministro subraya que el procedimiento electoral propuesto para la elección de ministros, jueces y magistrados carece de las garantías necesarias para asegurar su certeza.