Pedro Delgado 

En México, el conflicto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la jueza Nancy Juárez ha puesto de relieve una lucha fundamental que enfrenta a dos pilares esenciales de la democracia: la legitimidad y la legalidad. Esta disputa, centrada en la reforma al Poder Judicial, refleja cómo las tensiones entre estos dos conceptos se entrelazan en la política moderna, y cómo ambos son utilizados para justificar posiciones opuestas en el manejo del poder. 

Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, ha defendido la reforma al Poder Judicial bajo la bandera de la legitimidad popular. Para Sheinbaum, el mandato que recibió del pueblo en las urnas le otorga no solo la autoridad, sino también el deber de emprender cambios profundos en las instituciones del país. Según su argumento, el Poder Judicial necesita reformas para hacerlo más eficiente y alineado con las necesidades de la mayoría, especialmente en un país donde la desconfianza hacia las instituciones de justicia ha sido una constante histórica. En su narrativa, la legitimidad proviene del respaldo popular, y esta se convierte en una herramienta poderosa para contrarrestar los intereses que, según su visión, protegen el statu quo judicial. 

Por otro lado, la jueza Nancy Juárez se ha posicionado como la defensora de la legalidad. Desde su perspectiva, la reforma que impulsa la presidenta vulnera principios constitucionales fundamentales y pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Para Juárez, cualquier transformación en este ámbito debe enmarcarse estrictamente dentro de los cauces legales establecidos, respetando las reglas del Estado de derecho que garantizan que el poder no sea ejercido de manera arbitraria. Su defensa de la legalidad se sustenta en el argumento de que las instituciones, especialmente el Poder Judicial, deben mantenerse al margen de los vaivenes políticos y de la voluntad popular inmediata, para garantizar imparcialidad y justicia. 

Este conflicto entre Sheinbaum y Juárez nos invita a reflexionar sobre el juego del poder y el papel que juegan la legalidad y la legitimidad en la política. Ambos conceptos, aunque distintos, son esenciales para el funcionamiento de un Estado democrático. La legitimidad, como sostiene Sheinbaum, es el derecho que otorga el respaldo popular, una suerte de contrato social que justifica la autoridad para gobernar. Sin embargo, la legalidad, defendida por Juárez, es el conjunto de reglas que limita y regula ese poder, evitando que se convierta en tiranía o abuso. 

El reto surge cuando estos dos pilares entran en conflicto. ¿Qué ocurre cuando una reforma, respaldada por una mayoría popular, enfrenta obstáculos legales? ¿Es correcto que la voluntad del pueblo pueda modificar instituciones esenciales sin respetar los principios legales que les dieron origen? O, por el contrario, ¿se corre el riesgo de que las leyes, creadas por elites en el poder, puedan frenar el avance de reformas que responden a las demandas legítimas de la mayoría? 

Este juego del poder, como bien se observa en este conflicto, no es un asunto de blanco o negro. La política es un espacio de constante negociación entre intereses diversos, y las tensiones entre legalidad y legitimidad son inevitables. Mientras que la legalidad nos protege de los excesos del poder, la legitimidad nos recuerda que las leyes también deben adaptarse a las realidades sociales y a las demandas populares. 

En el fondo, este enfrentamiento no es solo sobre una reforma judicial específica, sino sobre quién tiene el derecho a definir el futuro de las instituciones mexicanas. ¿Es el pueblo, a través de sus representantes, quien debe tener la última palabra, o son los guardianes de la ley quienes deben decidir los límites de ese poder? 

La respuesta probablemente no se encuentre en uno u otro lado, sino en el equilibrio delicado entre ambos. Para que la democracia funcione, tanto la legitimidad como la legalidad deben coexistir y, aunque a veces entren en conflicto, es a través del diálogo y el respeto mutuo entre ambos principios que se construye una sociedad justa. La reforma judicial en México es un recordatorio de que, en política, el poder siempre está en juego, y el verdadero reto es cómo lo manejamos para que sirva al bien común. 

Este debate será una pieza clave en el futuro del país y marcará el rumbo no solo de la justicia en México, sino de cómo entendemos y ejercemos el poder en las democracias contemporáneas.