El 24 de octubre, el Senado aprobó una reforma que impide impugnar la Constitución mediante amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. La votación culminó con 85 votos a favor y 41 en contra, a pesar de los intentos de la oposición por retrasar su discusión.

La oposición empleó estrategias parlamentarias por primera vez en esta Legislatura, pero no logró su objetivo. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó a la bancada del Partido Acción Nacional por su conducta, mientras que los senadores de la oposición expresaron su desacuerdo con gritos y megáfonos.

Durante la sesión, los opositores intentaron interrumpir el discurso del senador Waldo Fernández, quien defendía la reforma. A pesar del ruido y la tensión, el presidente del Senado continuó con la sesión, permitiendo que los senadores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ocuparan la tribuna superior para evitar que la oposición la tomara.

Los opositores, aunque no realizaron un intento formal de toma de tribuna, se mantuvieron en la parte baja, sosteniendo letreros y protestando con gritos. Las senadoras de Morena levantaron carteles contra el PRI y el PAN, impidiendo que la priista Carolina Viggiano hablara sin el uso de un megáfono.

La senadora Cynthia López Castro también denunció la reforma, alertando sobre sus posibles implicaciones para el país. Mientras tanto, los senadores de Morena dialogaban con miembros del PRI y del PAN, a pesar del ambiente de confrontación.

El procedimiento legislativo se prolongó debido a alusiones personales, lo que generó confusión y desorden. Aunque se presentaron varias reservas, estas no fueron leídas y fueron rechazadas rápidamente por la mayoría. En solo 15 minutos, la reforma fue aprobada en lo particular y se envió a la Cámara de Diputados.

La reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que no procederán las controversias constitucionales ni los juicios de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Además, se indica que los asuntos en trámite deberán resolverse conforme a lo dispuesto en el nuevo decreto.

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