El Senado de la República llevó a cabo una sesión que duró casi tres horas, donde se abordó el futuro de alrededor de 850 jueces y magistrados en el país. A través de un proceso de insaculación, se acordó que 464 magistraturas y 386 juzgados en distintas áreas del derecho serán sometidos a elección en 2025, como parte de la Reforma Judicial.
Este procedimiento representa un cambio en la se-lección de funcionarios judiciales, ya que la mitad de los juzgadores mantendrá sus posiciones hasta 2027 en una segunda fase electoral. Fuera del recinto, un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestó contra los legisladores, a quienes acusaron de “sepultar” su carrera judicial.
Dentro del Senado, la atención se centró en el proceso de insaculación, observado por aproximadamente 40 senadores de los partidos Morena, del Trabajo y Verde. Aunque Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, expresó que este procedimiento constituye un avance al permitir que los juzgadores sean elegidos mediante voto universal, la participación de legisladores de la Cuarta Transformación fue escasa. La presencia del PRI fue fundamental para lograr el quórum necesario. Varios miembros de la oposición asistieron para documentar posibles irregularidades.
La sesión comenzó con un retraso de cerca de una hora, durante la cual se debatieron aspectos del procedimiento de insaculación, incluyendo la eliminación de plazas vacantes y la consideración de casos especiales, como los de magistradas en periodo de embarazo o lactancia. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdéz, y Fernández Noroña enfrentaron dificultades al proporcionar cifras claras sobre el total de magistraturas y jueces a elegir, finalmente estableciéndose que para 2025 se someterán a elección 464 magistraturas y 386 jueces.
Las cifras y la ejecución del procedimiento generaron confusión entre los senadores. A pesar de algunos inconvenientes, se dio un paso inicial hacia la llegada de una nueva generación de juristas que obtendrán cargos mediante el apoyo popular.
Por otro lado, medios de comunicación documentaron que informó varios jueces mencionados en la denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar, actual coordinador general de Política y Gobierno, fueron sorteados para renovar su titularidad en 2025. De las 19 plazas implicadas en la denuncia anónima presentada en abril, 13 resultaron sorteadas. Entre los juristas menciona-dos se encuentran Adrián Fernando Novelo Pérez, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, Abigail Ocampo Álvarez y Julio Veredín Sena, quienes han sido señalados por presiones en casos de interés del Gobierno federal.
El contexto de estas presiones se sitúa entre 2019 y 2022, y se alega que funcionarios del gobierno, incluyendo personal de Zaldívar, intervinieron en la resolución de asuntos judiciales.
La distribución de juzgados que se someterán a elección en 2025 por estado es la siguiente:
Aguascalientes: 6, Baja California: 17, Baja California Sur: 2, Campeche: 5, Chiapas: 11, Chihuahua: 13, Ciudad de México: 64, Coahuila: 12, Colima: 4, Durango: 4, Guanajuato: 14, Guerrero: 10, Hidalgo: 6, Jalisco: 22, Estado de México: 28, Michoacán: 9, Morelos: 10, Nayarit: 5, Nuevo León: 15, Oaxaca: 10, Puebla: 13, Querétaro: 8, Quintana Roo: 8, San Luis Potosí: 7, Sinaloa: 11, Sonora: 10, Tabasco: 8, Tamaulipas: 13, Tlaxcala: 5, Veracruz: 22, Yucatán: 6, Zacatecas: 6.




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