Clara Viviana Meza/ Noticia Mx

Por segundo día consecutivo, este domingo, familiares de personas privadas de su libertad (PPL) en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, realizaron una nueva protesta a las puertas del reclusorio. Esto ocurre luego de que, desde la noche del sábado, se registrara un motín que dejó al menos cuatro personas lesionadas, según información oficial. Además, se les impidió el acceso en su día de visita.

Pese a que el Gobierno del Estado afirmó que todo el personal de la administración pasada de este centro varonil sería destituido, incluido el director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez, los manifestantes, en su mayoría mujeres, alegaron que desde que sucedieron los hechos no han podido ver a los internos para corroborar que se encuentran en buen estado de salud, lo que genera temor por su integridad física.

De acuerdo con testimonios recopilados de manera anónima por EN RESUMEN, por miedo a represalias, los familiares informaron que, desde el interior del penal, las PPL han enviado mensajes afirmando que, desde los disturbios, se les ha negado la comida. Exigieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), alegando que la situación se agrava cada vez más, especialmente porque, durante el día de visita, este domingo, les negaron el acceso y no conocen la situación real de sus seres queridos.

“Paco se enojó y nos comentan que hasta andaba todo drogado, porque siempre hace eso. El sábado estaba pidiendo por celda hasta 80 mil pesos; por eso hace lo que hace, porque no está en sus cinco sentidos. Ahorita ya nos están amenazando, que si uno hace y deshace no la vamos a acabar. El pase para ver a nuestros familiares no nos lo dan y también lo están cobrando en cinco mil pesos si lo quieres rápido; hasta por ingresar un recién nacido piden dinero. Desde hace dos años he solicitado mi pase y ni madres”, expresó una manifestante.

Ante la negativa de los custodios de permitirles el paso, los familiares de los reos impidieron durante algunos minutos el ingreso y salida de vehículos del penal. A modo de mayor presión, incluso intentaron ingresar a la fuerza, sin éxito, ya que la fuerza pública, integrada por más de una decena de policías, los replegó, por lo que fueron desalojados.

“Queremos ver a nuestros familiares; venimos en son de paz; queremos pasar; ¿nos metemos?; ¿están seguros de lo que pasa?; nos metemos; vámonos, 1, 2, 3, vámonos”, expresaron al unísono un grupo de mujeres, quienes levantaron la pluma de ingreso y solo pudieron avanzar unos metros.

Fue entonces que uno de los elementos del penal de Atlacholoaya acusó a los familiares de que si no había información era porque no dejaban salir al personal, “y no deja hacer el trabajo”. A lo que una mujer respondió que si se tomaron dichas medidas era porque no brindaban ningún tipo de información.

“Ustedes no nos dicen nada. ¿Creen que estamos conformes con eso? No, joven. Nosotros también tenemos derechos como seres humanos y, sea como sea, a ellos los están violentando. No tenemos aquí a nadie de Derechos Humanos ni del Gobierno. Pónganse en nuestro lugar, solo queremos verlos y saber que están bien”, añadió otra mujer.

Otro relato anónimo compartió que los hechos violentos en el penal de Atlacholoaya se registraron luego de que, el sábado por la tarde, los reclusos fueron concentrados por el director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez, para informarles que como nueva disposición sería obligatorio pagar tres mil pesos para dejarlos usar el celular. Esto causó la molestia de los internos, quienes al protestar fueron reprimidos por los custodios, y se reportó de manera extraoficial la muerte de uno de ellos.

“No nos dejan pasar porque dicen que van a hacer su trabajo, pero es para limpiar el cochinero que hicieron la noche del sábado. Hasta les piden material que ellos tienen que conseguir. Se tienen que cooperar y soltar billete; si no, se los madrean. Cada vez que quiere dinero, Paco les rompe la madre y los extorsiona. Quita las tiendas y cobra de 70 a 100 mil pesos para regresarlas. Solo queremos corroborar que nuestros familiares están bien y el acta firmada de la destrucción de Paco”, comentaron.

Ante la negativa, decenas de familiares se trasladaron a la caseta de Tepetzingo para bloquear los accesos y exigir la renuncia formal de Jesús Francisco Flores Jiménez, director operativo del penal. A ese lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, sin que hubiera mayores avances. Por ello, los inconformes amagaron con continuar las movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas y vean a sus familiares sanos y salvos.

Incluso no descartaron que podrían ingresar a la fuerza al penal, subrayando que, hasta el momento, las movilizaciones han sido pacíficas, pero podrían tornarse violentas ante la falta de atención por parte de las autoridades.

Cabe recordar que, desde la noche del sábado, los propios reos compartieron mensajes de voz a sus familiares informando que habían realizado una manifestación pacífica para exigir la salida del director del penal “para que nos deje en paz”, en los que incluso se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Afirmaron que “nos están matando, a ver qué pasa”, por lo que desde esa noche decidieron acudir a protestar para obtener más información, la cual no ha sido revelada en su totalidad.

Al respecto, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Coordinación del Sistema Penitenciario, informó que dentro del Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, sí se registró un motín protagonizado por un grupo de PPL en el dormitorio B, derivado de disputas internas por el liderazgo y de inconformidades relacionadas con la permanencia de ciertos mandos operativos de la administración anterior, quienes han sido señalados por presuntos actos de extorsión vinculados al cobro por evitar traslados penitenciarios a otros Ceresos.

Esta situación llevó a algunos internos a recurrir a la violencia, reteniendo contra su voluntad al personal de seguridad y custodia, lo que puso en riesgo su integridad física. Además, se emitieron amenazas e incitaciones a la población restante para realizar actos de agresión hacia las autoridades penitenciarias.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo activó de inmediato los protocolos de intervención establecidos en coordinación con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todas las personas dentro del centro y garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos y del personal.

Asimismo, tras retomar el control de las instalaciones, se identificó a cuatro Personas Privadas de la Libertad con lesiones, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica urgente. El estado de salud de todos ellos se encuentra bajo monitoreo constante y se informará de manera oportuna a sus familiares.

Las personas privadas de su libertad lesionadas fueron: Martín “N”, 34 años, con contusiones en cabeza y cuerpo; José Guillermo “N”, 43 años, con una lesión en el abdomen; Roberto “N”, 47 años, con insuficiencia respiratoria y posible infarto; y José Luis “N”, 43 años, con una fractura expuesta en la pierna derecha.

Por lo anterior, y como medida preventiva para garantizar la seguridad de los internos y sus familias, se decidió suspender las visitas programadas para el domingo 6 de octubre del presente año.