La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la constitucionalidad de la reforma judicial aprobada en septiembre por el partido Morena y sus aliados. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que dicha consulta carece de fundamento y que la elección judicial se llevará a cabo, independientemente de la decisión de los ministros.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum indicó que el paro del Poder Judicial afecta la seguridad en el país, al limitar la emisión de órdenes de aprehensión. Esta situación, según su opinión, representa un obstáculo para la estabilidad y el orden público.

La SCJN, en su sesión del jueves, decidió iniciar el análisis de la reforma, lo que podría llevar a su eventual revocación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz expresaron su desacuerdo, argumentando que este proceso podría considerarse un golpe de Estado, una afirmación que la mandataria rechazó, calificándola de “golpe aguado”.

Sheinbaum afirmó que la reforma fue respaldada por una mayoría legislativa electa, enfatizando que el poder emana del pueblo. Citó el artículo 39 de la Constitución, que establece el derecho de la nación a modificar su gobierno, y el artículo 135, que detalla el proceso de reforma constitucional.

La presidenta sugirió que los ministros que apoyaron la revisión buscan provocar reacciones en su administración, insinuando la posibilidad de un juicio político en su contra. Aseguró que el gobierno no caerá en provocaciones, subrayando que su administración no es autoritaria y que fue electa por la ciudadanía.

Por último, señaló que la decisión de la SCJN podría considerarse ilegal, ya que, según su interpretación, la Corte no tiene la facultad para revertir una reforma ya aprobada por el Congreso y los congresos estatales.