En comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, Morena y sus aliados aprobaron, con 13 votos a favor y 6 en contra, la reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tras su aprobación en comisiones, el dictamen pasará al Pleno para su discusión y votación.

La reforma modifica 12 artículos de la Constitución, entre ellos el 21 y el 89, para que la Guardia Nacional deje de depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y pase a la Sedena. También se establece que la Guardia Nacional tendrá facultades para investigar delitos y se coordinará con los Ministerios Públicos.

Durante el debate, legisladores del PAN se opusieron a que la Guardia Nacional quede bajo control militar, argumentando que esto implicaría la “militarización del país”. El senador Marko Cortés subrayó que el Ejército no debería ser el primer respondiente en tareas de seguridad pública, y señaló que esa función corresponde a una policía civil, reservando el papel de las Fuerzas Armadas para circunstancias extraordinarias.

Por su parte, la legisladora de Morena, Andrea Chávez, criticó la postura del PAN al mencionar los antecedentes de corrupción de exmandos policiales como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, señalando que la policía civil no ha demostrado ser eficaz ni confiable.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que la reforma institucionaliza el uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz, lo que, en su opinión, contradice los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que exigen que la seguridad pública sea garantizada por fuerzas civiles.

La reforma constitucional contempla que la Guardia Nacional esté compuesta por personal con formación militar y policial, y que dependa de la Sedena para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y materiales necesarios para su operación, y será el presidente quien nombre al comandante de la Guardia Nacional, a propuesta del titular de la Sedena.

El dictamen establece que la investigación de los delitos será responsabilidad del Ministerio Público, la Guardia Nacional y las policías. El personal procedente de la extinta Policía Federal será adscrito a la Secretaría de Seguridad, manteniendo sus derechos laborales.

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar las leyes secundarias relacionadas con la Guardia Nacional. Esta propuesta fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara una reforma que buscaba transferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena.