El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuyo objetivo es permitir que diversos sectores de la población, como jornaleros, ejidatarios, comuneros y empleados de empresas públicas, puedan portar armas para defenderse de grupos delictivos.

La iniciativa busca darles herramientas para proteger sus bienes jurídicos.

La propuesta plantea que estos grupos, fuera de zonas urbanas, puedan poseer pistolas, rifles y escopetas, siempre y cuando acrediten su condición mediante documentos oficiales emitidos por autoridades locales o agrarias. Además, se especifica que, entre las armas permitidas, se incluyen pistolas semiautomáticas de calibre menor a .380, rifles calibre .22 y escopetas, excluyendo aquellas con cañones de menos de 635 mm o calibres superiores a 18.5 mm.

No solo los trabajadores rurales son contemplados en la reforma; también empleados de instituciones como Pemex, Banxico, la Casa de Moneda y el Servicio de Administración Tributaria podrían portar armas bajo las mismas condiciones.

Asimismo, la propuesta incluye a personas físicas que podrían tener armas autorizadas por el Ejército en sus hogares para proteger su integridad y la de sus familias.

Por otro lado, la reforma no solo amplía el derecho a portar armas, sino que también fortalece los mecanismos de control sobre la posesión de armamento. Se propone que la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional asuman un mayor control sobre la expedición de permisos, licencias y sobre la regulación de la fabricación y comercialización de armas de fuego. La iniciativa incluye también mayores restricciones para calibres como el .357 y el .22’’ Magnum debido a sus características balísticas.

Adicionalmente, la reforma contempla la prohibición de enviar armas, explosivos y municiones a través del Servicio Postal Mexicano, empresas de paquetería o plataformas digitales. Esta medida busca limitar el tráfico de armamento por medios comerciales.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se menciona que alrededor del 70% de las muertes no naturales en el país son ocasionadas por armas de fuego, y que cada año ingresan al territorio mexicano unas 213,000 armas de manera ilegal. La propuesta fue turnada a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para ser discutida en las próximas sesiones.