Dos jueces federales han emitido suspensiones contra la reforma judicial promovida por el gobierno y la mayoría legislativa como parte del llamado Plan C.

El primer caso se registró en Morelos, donde la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien se excusó por estar directamente involucrada, dictó la suspensión como parte del proceso. Esta decisión impide a la Comisión de Puntos Constitucionales presentar el dictamen de la Reforma Judicial ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ordena informar sobre el cumplimiento de la orden judicial, que en efecto, detiene temporalmente el avance de la reforma.

En el segundo caso, en Chiapas, el juez Felipe V Consuelo adoptó una postura similar. En su resolución, señaló que procede otorgar la suspensión de oficio en relación con los efectos de los actos impugnados. Además, estableció el 6 de septiembre como fecha para la audiencia incidental y ordenó notificar a las autoridades pertinentes, así como enviar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno en la Ciudad de México.

Estas suspensiones obligan a que el asunto sea tratado por un tribunal colegiado, el cual deberá tomar una decisión definitiva, considerando que los magistrados involucrados también podrían tener interés en el resultado de este proceso.