La propuesta de reforma judicial en México busca renovar profundamente la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Los puntos clave de la reforma incluyen:

  • Renovación de Cargos: Se plantea una elec-ción extraordinaria para renovar a todos los ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF, reemplazando a los actuales titulares una vez que los nuevos funcionarios tomen protesta. Este proceso introduce una competencia elec-toral directa en la selección de jueces y magis-trados, lo que es inusual en el contexto judicial mexicano y podría afectar su independencia.
  • Intervención del Senado y del INE: El Sena-do organizará la convocatoria y el INE gestio-nará el proceso electoral, introduciendo un componente político en la selección de altos cargos judiciales, lo que podría influir en la independencia del Poder Judicial.
  • Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Este nuevo órgano reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal en la supervisión y disciplina de jueces y magistrados, reconfigurando la estructura de control interno del Poder Judicial.
  • Centralización de Recursos: Se propone la extinción de fondos y fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos serán transferidos a la Tesorería de la Federación, bajo el control de la Secretaría de Hacienda, lo que podría limitar la autonomía financiera del Poder Judicial.
  • Eliminación del Haber por Retiro: Los ministros de la SCJN que concluyan su encargo bajo esta reforma no recibirán un haber por retiro, afectando las condiciones de retiro de los al-tos funcionarios judiciales.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, indicó que esta reforma será una de las primeras en ser discutidas y aprobadas en la nueva legislatura, que inicia el 1 de septiembre.

La Cámara de Diputados, con la mayoría calificada que posee Morena y sus aliados, está en posición de aprobar la reforma sin necesidad de apoyo de la oposición. Posteriormente, la reforma deberá ser ratificada por el Senado y al menos 17 congresos estatales para que se declare reformada la Constitución.

Mario Delgado, el aún dirigente nacional de Morena, pidió a los legisladores federales del Partido del Trabajo (PT) que apoyen y saquen adelante las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, en particular la reforma al Poder Judicial. Expresó que esta reforma debe ser aprobada en septiembre como un “gran regalo” y homenaje, destacando que sería un gran logro para el legado del presidente.

La reforma ha generado protestas en diversas partes del país, particularmente entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes ven en esta propuesta una amenaza a la independencia judicial y a sus derechos laborales. En estados como Campeche, Morelos y Yucatán, se han realizado paros de labores y marchas en rechazo a la reforma.

En respuesta a estas protestas, el gobierno federal solicitó suspender el salario a los trabajadores del Poder Judicial que participan en las manifestaciones.

También ha generado preocupaciones entre los socios comerciales de México. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el embajador de Canadá, Graeme Clark, manifestaron su inquietud por la iniciativa, advirtiendo que podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio (T-MEC). Según Salazar, la elección directa de jueces podría afectar la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas en México.

Claudia Sheinbaum, defendió la reforma judicial señalando que en 43 estados de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto popular. Afirmó que el proceso de selección propuesto asegura transparencia y autonomía, y rechazó las críticas sobre posibles afinidades de los nuevos magistrados con la 4T.

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